Trabajo Digno
En Uruguay, la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad es un tema pendiente. A pesar de las leyes creadas en las últimas décadas y normativas internacionales que promueven su inclusión social y específicamente la laboral, se visualizan estructuras que no logran satisfacer las necesidades del conjunto de la población.
Debemos entender entonces, cuáles son las limitaciones del mercado laboral que dificultan que las personas en situación de discapacidad ingresen al mismo. La más directa e íntimamente relacionada tiene que ver con la posibilidad de acceder a la educación. Para ello se debe garantizar igualdad de condiciones para toda la población, y para esto es necesario que se establezcan cambios y adaptaciones en los contenidos y exámenes que den respuesta a las necesidades de cada estudiante. En el caso de las personas en situación de discapacidad, urge un compromiso social que revea la curricula y capacite a los/as maestros/as y profesores/as y un compromiso más profundo de las instituciones competentes y encargadas de generar los contenidos para que ello se promueva en cada institución del país. Porcentajes como los mencionados en la Publicación periódica del observatorio social de Programas e Indicadores del “donde el 34,5% de jóvenes en situación de discapacidad asisten al sistema educativo mientras que en los jóvenes sin discapacidad este porcentaje es del 41,4%”, del año 2017 evidencian las barreras anteriormente mencionadas.
En el mercado laboral se complejizan los desafíos, ya que, las barreras se trasladan a ámbitos tan diferentes como empresas existentes. Los profesionales de recursos humanos no modifican sus procesos de selección ni toman en cuenta la adaptación de las pruebas de ingreso para evaluar el eventual desempeño de la persona en el cargo. Ni siquiera se evalúa en el llamado laboral, la posibilidad de contratar a una persona en situación de discapacidad, determinando -de antemano- su postulación al cargo. Para que se fomente la postulación del colectivo en situación de discapacidad, deben promoverse ciertas garantías como, por ejemplo, la asistencia de un intérprete en Lengua de Señas Uruguaya para que las personas sordas puedan realizar la entrevista, la adaptación de las pruebas a sistemas de lectura digital para las personas ciegas, prever el ingreso para personas usuarias de sillas de ruedas, entre otros.
A su vez, el acceso al transporte público es otro determinante, ¿Cómo puedo adquirir un compromiso laboral si ni siquiera sé si pasará una unidad accesible cercano a mi domicilio que me traslade hacia mi trabajo o dependo de otra persona para que me indique qué ómnibus viene en camino? Por citar algunos ejemplos. En consecuencia, es importante mencionar el ingreso y salida del domicilio y el traslado hacia la parada de ómnibus. Si estas barreras se vuelven constantes, y no se dan las condiciones para una circulación autónoma e independiente se está imposibilitando a la persona de estudiar, trabajar o acceder a actividades de recreación.
Por otra parte, las personas en situación de discapacidad se enfrentan a diferentes barreras sociales, culturales y actitudinales. Los prejuicios y subjetividades que son establecidas socialmente muchas veces limitan la capacidad de acción: ¿Podrá cumplir con la tarea? ¿Necesitará asistencia para realizarla? ¿La cumplirá en tiempo y forma? ¿Tendré que realizar alguna adaptación? Son algunas de las preguntas que nos realizan los profesionales de recursos humanos y empresarios.
En el mercado laboral, los rubros laborales son variados, y las necesidades e intereses de las personas también. Es por ello, que se deben promover empleos de calidad, que se ajusten a las necesidades e intereses de las personas, que no solo brinden una remuneración económica, sino una satisfacción personal del individuo. Cuando trabajamos, la persona se siente útil, incluido en la sociedad, puede generar vínculos más allá de lo laboral, puede proyectar un futuro o un presente dependiendo de las metas y objetivos. ¿Qué hace que las personas en situación de discapacidad no puedan entonces, participar de todo ello?
Por estas razones y condicionantes es necesario hacer un análisis profundo de nuestra sociedad, de lo que determinan las instituciones responsables y de los mecanismos ya establecidos que limitan la diversidad de participación de todas las personas para poder promover una sociedad más justa que nos respete a todos y todas sin ninguna distinción. En consecuencia, es necesario repensarnos como ciudadanos para poder accionar y ser promotores de cambio.
Julia nos relata su experiencia personal
El nombre brindado será ficticio con el objetivo de preservar la intimidad de la persona y evitar la estigmatización de la misma.
Mi nombre es Julia, soy Abogada desde hace un año. Actualmente tengo 27 años y me encuentro en situación de discapacidad desde nacimiento. En lo personal, tanto el transcurso por la educación primaria como por la secundaria han sido desafíos continuos que he tenido que afrontar a través de estrategias que voy generando y de personas que me han apoyado para continuar con mi inclusión educativa.
En el caso de primaria, fue necesario que mis padres se presentaran de manera personal a hablar con la directora para explicar los apoyos que serían necesario para poder transitar la escuela. Ya que, para poder desarrollar algunas tareas, necesitaría una especie de “asistente”.
En principio, la dirección de la escuela no entendía por qué debía realizar una excepción, y contar con esos apoyos en relación a los demás niños. Sobre todo, en el momento de explicar que las evaluaciones orales ayudarían a mi mejor desempeño ya que no podría escribir al mismo ritmo que otros (tomándome casi el triple de tiempo) y me implicaría un desgaste mayor.
A pesar de ello, mis padres insistieron y me sometieron a algunas pruebas para demostrarle a la directiva del colegio, a lo que se referían específicamente, ya que con sus declaraciones - y la de los médicos - no les alcanzaba para comprender.
Luego de extensas charlas, evaluaciones y consensos, decidieron “arriesgarse a probar” (como si habláramos de una apuesta) y me dejaron realizar la inscripción.
El traspaso hacia la secundaria se desarrolló de manera similar. Al querer buscar un liceo accesible nos encontramos que los tres más cercanos a mi domicilio no contaban con accesibilidad para personas usuarias de silla de ruedas.
En consecuencia, mis padres tuvieron que contratar a una persona que se encargara de mi traslado para asistir al liceo. Si bien ya me encontraba en edad de poder manejarme independientemente en la ciudad, la misma no ofrece – ni ofrecía en ese momento – ómnibus accesibles para posibilitar mi traslado de manera autónoma.
Por otra parte, previamente a la inscripción fue necesario visitar el consultorio médico para que justificara mi “discapacidad” por solicitud estricta de la institución. ¿A todos los alumnos le solicitarán su diagnóstico médico? ¿El director/a estará capacitado/a en medicina además de en educación? ¿Pensarán que ello será significativo para mi rendimiento académico?
Sin lugar a duda, estas preguntas fueron evacuadas en la primera entrevista que tuvimos. No solo solicitaron mi historia médica, sino que fueron más allá y preguntaron – aunque clínicamente no hubiera nada que lo determinara – si mi discapacidad física afectaba directamente mi rendimiento escolar, evidenciando así un gran desconocimiento de la situación que planteábamos.
En el aula, mis compañeros de clase – quienes jamás habían estado en contacto con personas en situación de discapacidad – discrepaban e incriminaban el hecho de que se me tomaran las pruebas de manera distinta a la habitual. Incluso, algunos profesores no estaban de acuerdo en dedicar parte de su tiempo para hacerme el examen en otro lugar, alegando que eso no era parte de su trabajo.
Al finalizar la secundaria decidí dedicarme a la abogacía, vocación que siempre me gustó y herramienta que me gustaría utilizar para proponer leyes que promuevan una real inclusión de las personas en situación de discapacidad. Tales como el proyecto de ley que obliga a las empresas privadas a contratar a personas en situación de discapacidad, posibilitando así al colectivo de la discapacidad poder especializarse en áreas que sean de su interés sin estar determinado por la situación de discapacidad. O quizá como el protocolo de inclusión educativa que brinda un marco de acción y orientación para incorporar la accesibilidad en las diferentes propuestas educativas. Ambas fomentan una mayor inclusión y también dejan en evidencia el incumplimiento de algunos de los derechos a los que nos enfrentamos.
En lo personal considero que hay una necesidad de agruparnos para seguir evidenciando lo mucho que falta por hacer en materia de inclusión, en busca de que el estado y la sociedad en su conjunto no nos vean como personas pasivas/”enfermas”/innecesarias y se nos reconozca como sujetos de derechos. Para ello es necesario involucrarnos y entender los mecanismos que excluyen y limitan la participación de todos y todas en pos de una sociedad más justa y equitativa.